Jornadas "Pau, guerra i neoliberalisme". Conferencia de Willy Meyer

Estos días, la Fundació Pere Ardiaca ha organizado unas jornadas tituladas "Pau, guerra i neoliberalisme" ("Paz, guerra y neoliberalismo") en las que han participado prestigiosos intelectuales de la talla de Samir Amin o Michel Collon.
Las jornadas tuvieron lugar en la Universitat Pompeu Fabra, entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2008. Iré publicando poco a poco en este blog el contenido de las ponencias.
La primera que publico es la intervención del eurodiputado español por IU, Willy Meyer, quien centró, por un lado, su ponencia en el papel de la OTAN en las guerras que ha provocado el neoliberalismo -comenzando por la guerra de Yugoslavia- y, por otro, en la política belicista de la UE, al servicio de Estados Unidos y su "guerra contra el terror". Willy Meyer también hace especial mención de la participación de España en dichas políticas, con una referencia muy interesante a los famosos vuelos de la CIA.
Podéis escuchar toda su intervención en el archivo de sonido que hay a continuación (13 m., 56 s.):

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Para pasar página, primero hay que leerla

Me ha aparecido importante incluir este texto de Amnistía Internacional en mi blog para hacer campaña contra la impunidad de los crímenes del franquismo que el gobierno español de Rodríguez Zapatero está decidido a continuar, no se sabe muy bien por qué. Quizá los pactos de la "Transición" con la derecha franquista siguen en vigor. Es lo más probable. Por favor, leed el manifiesto y si estáis de acuerdo enviad vuestros datos a Aministía Internacional y ellos enviarán vuestra adhesión a la Moncloa, donde hace mucha falta un poquito de ética y sentido común.

Para pasar página, primero hay que leerla

Amnistía Internacional

Ante los acontecimientos de los últimos días, en los que ha quedado patente la falta de voluntad de las autoridades de cumplir con la obligación del Estado de investigar posibles crímenes contra la humanidad durante la Guerra Civil y el franquismo, tal y como establece la normativa internacional, Amnistía Internacional les insta a proteger los derechos de las víctimas sin más dilación.

Amnistía Internacional ha remitido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el Manifiesto “Para pasar página, primero hay que leerla”, al que se han adherido en los últimos cinco días más de 40 juristas de prestigio internacional y abogados y académicos españoles, que pide al Estado español garantizar una investigación judicial efectiva e imparcial sobre las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo.

Las primeras 40 adhesiones de expertos juristas, a las que se sumarán más en los próximos días, incluyen a José Antonio Martín Pallín, miembro de la Comisión Internacional de Juristas y Magistrado Emérito del Tribunal Supremo; Hugo Omar Cañón, Fiscal General de Buenos Aires; Susana Villarán, ex integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Carlos Iván Degregori, miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú; y Roberto Garretón, ex abogado de la Vicaría de Solidaridad durante la dictadura de Pinochet; entre otros muchos (ver listado completo).

¡Tú también puedes adherirte al Manifiesto!
¡Actúa!

Para pasar página, primero hay que leerla

Los firmantes del presente manifiesto nos dirigimos a las autoridades y sociedad españolas, así como a la opinión pública internacional con ocasión de la investigación abierta por la Audiencia Nacional en relación a hechos delictivos ocurridos durante la Guerra Civil y el Franquismo que podrían constituir crímenes contra la humanidad.

Mantenemos que:

- España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las víctimas de desaparición forzada y otros crímenes y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar con el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron.

- Al llevar adelante esta tarea, España debe cumplir con las normas internacionales sobre la materia que su propio ordenamiento jurídico reconoce, y tal y como su práctica jurisprudencial refleja – de manera reiterada - al pronunciarse sobre las consecuencias legales de los crímenes contra la humanidad.

- De acuerdo con el Derecho Internacional, los crímenes contra la humanidad no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción. Las normas convencionales sobre la materia, adoptadas con posterioridad a los hechos que deben ser objeto de investigación, es sabido, han simplemente recogido una obligación que ya existía anteriormente como norma consuetudinaria.

- El Estado español no puede sustraerse a la obligación de investigar estos crímenes, y debe poner fin a la impunidad garantizando a las víctimas y a sus familiares su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.

- No es posible que los Tribunales españoles – en base a sus obligaciones bajo el derecho internacional - hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina, en cuyas causas han sostenido que las leyes de amnistía así como cualquier otra medida análoga carecen de validez en España, y se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país.

- En la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, no quedaban plasmados los estándares internacionales fijados en materia de desapariciones, exhumaciones y recuperación de cuerpos. No existe antecedente alguno en que un Estado haya trasladado a las familias de las víctimas las tareas, costos y responsabilidades de dichas acciones. Además, la propia ley en su Disposición Adicional Segunda, afirma claramente que: “Las previsiones contenidas en la presente ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España”.

España está en estos momentos en el punto de mira de la comunidad internacional que espera que por fin cumpla con las obligación de investigar los hechos de su historia reciente que podrían ser constitutivos de crímenes contra la humanidad y garantizar, con todos los medios a su alcance, de la manera más completa posible y sin dilación, los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación.

Rellena tus datos aquí para que enviemos un mensaje en tu nombre al Presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero.

Negative equity

Oscar Martínez

Cuando el precio de un inmueble cae por debajo de la deuda acumulada por su teórico propietario, en Estados Unidos se le llama a esta situación negative equity (equidad negativa). Los medios de comunicación españoles no informan apenas sobre casos de este tipo, en que los ilusos que se embarcaron en hipotecas de más de mil euros al mes ven como no pueden vender sus casas por el precio que pagaron, con lo cual pierden su vivienda, pero siguen conservando la deuda. Sin embargo, la cobertura de la crisis por parte de la prensa se ha centrado casi en exclusiva en las bancarrotas espectaculares de gigantescas entidades financieras como Lehman Brothers, sin atender demasiado al origen real de esta crisis: las pequeñas bancarrotas de muchas familias trabajadoras cuyo límite de endeudamiento ha traspasado el umbral de lo posible. Nada se dice de cómo, en esta reedición de los locos años veinte, se ha estimulado el crédito y el endeudamiento sin parar, con el fin de incrementar exponencialmente el capital financiero a disposición de las grandes fortunas, ávidas de dinero después de las crisis .com. Es así como algunos se han enriquecido, tomando el pelo a la gente humilde y sin información suficiente sobre las consecuencias de pedir al banco un crédito hipotecario, diciéndoles cosas como “la vivienda es un valor seguro”.

¿Qué están haciendo el gobierno español y la Unión Europea al respecto? Pues a favor de los que están con el agua al cuello, la verdad, muy poco. Las medidas adoptadas o las que se están planificando ahora para el futuro en la próxima cumbre del G-20, van dirigidas a salvar un sistema financiero que ha condenado a muchos a la indigencia. Y es que lo primero es lo primero. El lenguaje humano esconde más de lo que muestra, y más el lenguaje empleado en las páginas de economía de los diarios. Por ejemplo, a la pregunta de por qué el gobierno debía dar dinero a los bancos, cuando éstos siguen teniendo beneficios a pesar de la crisis (el BSCH, por ejemplo, obtendrá a finales de este año unos beneficios de 10.000 millones de euros), el secretario de Política Económica del PSOE, Octavio Granado, respondió que "el Gobierno de España no está regalando dinero a los bancos, sino garantizando sus operaciones para asegurar los depósitos y que exista financiación para la inversión y el empleo". Estas palabras, que buscan justificar lo injustificable, amparan el derecho de los capitalistas a explotar a la gente y a seguir haciéndolo aún con el dinero de los impuestos, teóricamente dirigido a promover la equidad social. ¿Por qué al señor Granado no se le ocurrió decir que el estado podía estimular el empleo directamente, mediante inversión pública, y sin dar ningún dinero a la banca privada? Y si algún banco entra en quiebra, cosa que aún no ha sucedido, que el estado intervenga entonces a favor de los que tienen su dinero depositado en él. ¿Qué culpa tenemos los contribuyentes de que unos desaprensivos hayan jugado a la ruleta rusa con operaciones financieras de alto riesgo? Si corrieron tantos riesgos para ganar dinero fácilmente, que asuman las consecuencias. Los trabajadores de Nissan amenazados por un expediente de regulación de empleo que reducirá la plantilla de la fábrica en un 60% se estarán haciendo en este momento las mismas preguntas. ¿Por qué el estado no acude en su rescate y, en cambio, sí lo hace cuando se trata de cubrir las pérdidas de unos tipos que están podridos de dinero? Seguro que es algo que no entienden, como muchos de nosotros.

Pero dicen que la crisis es mundial y de tal gravedad que exige una “refundación del capitalismo”, en palabras del ilustre Sarkozy. Pero no nos dejemos engañar, “refundación del capitalismo” no significa rectificar y renunciar al neoliberalismo, dar marcha atrás en una globalización que ha incrementado la desigualdad económica al mismo tiempo que la riqueza. Para ellos, significa ahondar aún más la brecha que separa la regulación de la economía mundial de las únicas instituciones democráticas que son elegidas directamente por los ciudadanos: los parlamentos. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y del resto de países que componen el G-20 han decidido poner al FMI –el campeón de la desregulación financiera– al frente de la nueva estructura financiera internacional que están planeando para la próxima cumbre adonde nuestro presidente Zapatero está tan ansioso por acudir. El presidente del FMI ha propuesto al G-20 una serie de medidas que incluyen dar mayor poder a la institución que preside, la misma que ha tenido una parte no pequeña en la preparación de la crisis actual, una institución enemiga de la clase trabajadora y de los pueblos del Tercer Mundo. Es decir, que nuestros mandatarios están aprovechando el clima de miedo e inseguridad existente, no para renunciar al modelo económico predominante los últimos 30 años, como nos quiere convencer su aparato propagandístico, sino para apuntalar dicho modelo en una huída hacia delante sin fin. Algo que las palabras “equidad negativa” definen muy bien.