miércoles, 12 de noviembre de 2008

Negative equity

Oscar Martínez

Cuando el precio de un inmueble cae por debajo de la deuda acumulada por su teórico propietario, en Estados Unidos se le llama a esta situación negative equity (equidad negativa). Los medios de comunicación españoles no informan apenas sobre casos de este tipo, en que los ilusos que se embarcaron en hipotecas de más de mil euros al mes ven como no pueden vender sus casas por el precio que pagaron, con lo cual pierden su vivienda, pero siguen conservando la deuda. Sin embargo, la cobertura de la crisis por parte de la prensa se ha centrado casi en exclusiva en las bancarrotas espectaculares de gigantescas entidades financieras como Lehman Brothers, sin atender demasiado al origen real de esta crisis: las pequeñas bancarrotas de muchas familias trabajadoras cuyo límite de endeudamiento ha traspasado el umbral de lo posible. Nada se dice de cómo, en esta reedición de los locos años veinte, se ha estimulado el crédito y el endeudamiento sin parar, con el fin de incrementar exponencialmente el capital financiero a disposición de las grandes fortunas, ávidas de dinero después de las crisis .com. Es así como algunos se han enriquecido, tomando el pelo a la gente humilde y sin información suficiente sobre las consecuencias de pedir al banco un crédito hipotecario, diciéndoles cosas como “la vivienda es un valor seguro”.

¿Qué están haciendo el gobierno español y la Unión Europea al respecto? Pues a favor de los que están con el agua al cuello, la verdad, muy poco. Las medidas adoptadas o las que se están planificando ahora para el futuro en la próxima cumbre del G-20, van dirigidas a salvar un sistema financiero que ha condenado a muchos a la indigencia. Y es que lo primero es lo primero. El lenguaje humano esconde más de lo que muestra, y más el lenguaje empleado en las páginas de economía de los diarios. Por ejemplo, a la pregunta de por qué el gobierno debía dar dinero a los bancos, cuando éstos siguen teniendo beneficios a pesar de la crisis (el BSCH, por ejemplo, obtendrá a finales de este año unos beneficios de 10.000 millones de euros), el secretario de Política Económica del PSOE, Octavio Granado, respondió que "el Gobierno de España no está regalando dinero a los bancos, sino garantizando sus operaciones para asegurar los depósitos y que exista financiación para la inversión y el empleo". Estas palabras, que buscan justificar lo injustificable, amparan el derecho de los capitalistas a explotar a la gente y a seguir haciéndolo aún con el dinero de los impuestos, teóricamente dirigido a promover la equidad social. ¿Por qué al señor Granado no se le ocurrió decir que el estado podía estimular el empleo directamente, mediante inversión pública, y sin dar ningún dinero a la banca privada? Y si algún banco entra en quiebra, cosa que aún no ha sucedido, que el estado intervenga entonces a favor de los que tienen su dinero depositado en él. ¿Qué culpa tenemos los contribuyentes de que unos desaprensivos hayan jugado a la ruleta rusa con operaciones financieras de alto riesgo? Si corrieron tantos riesgos para ganar dinero fácilmente, que asuman las consecuencias. Los trabajadores de Nissan amenazados por un expediente de regulación de empleo que reducirá la plantilla de la fábrica en un 60% se estarán haciendo en este momento las mismas preguntas. ¿Por qué el estado no acude en su rescate y, en cambio, sí lo hace cuando se trata de cubrir las pérdidas de unos tipos que están podridos de dinero? Seguro que es algo que no entienden, como muchos de nosotros.

Pero dicen que la crisis es mundial y de tal gravedad que exige una “refundación del capitalismo”, en palabras del ilustre Sarkozy. Pero no nos dejemos engañar, “refundación del capitalismo” no significa rectificar y renunciar al neoliberalismo, dar marcha atrás en una globalización que ha incrementado la desigualdad económica al mismo tiempo que la riqueza. Para ellos, significa ahondar aún más la brecha que separa la regulación de la economía mundial de las únicas instituciones democráticas que son elegidas directamente por los ciudadanos: los parlamentos. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y del resto de países que componen el G-20 han decidido poner al FMI –el campeón de la desregulación financiera– al frente de la nueva estructura financiera internacional que están planeando para la próxima cumbre adonde nuestro presidente Zapatero está tan ansioso por acudir. El presidente del FMI ha propuesto al G-20 una serie de medidas que incluyen dar mayor poder a la institución que preside, la misma que ha tenido una parte no pequeña en la preparación de la crisis actual, una institución enemiga de la clase trabajadora y de los pueblos del Tercer Mundo. Es decir, que nuestros mandatarios están aprovechando el clima de miedo e inseguridad existente, no para renunciar al modelo económico predominante los últimos 30 años, como nos quiere convencer su aparato propagandístico, sino para apuntalar dicho modelo en una huída hacia delante sin fin. Algo que las palabras “equidad negativa” definen muy bien.

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